Verónica Reyna, Directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS), recordó que el tema de la militarización en la seguridad pública no es nuevo, los distintos gobiernos desde la firma de los Acuerdos de Paz, han recurrido de una u otra forma a integrar a efectivos de la fuerza armada a algunas tareas de seguridad pública, llegando a desplazar hasta 12 mil efectivos en el gobierno Sánchez Cerén.
Para la Directora de SSPAS, el anunció del mandatario de duplicar la fuerza militar de 20 mil a 40 mil militares y de invitar a las juventudes a este proceso como una oportunidad de desarrollo, ingreso económico e incluso de defender a la patria, no la comparte, debido a que existe una lógica donde se quiere a los jóvenes obedientes al poder político, en lugar de jóvenes críticos que puedan desarrollarse en distintas formas de expresión, esto dijo “es una muestra de las prioridades del gobierno”.
Justificar la presencia militar a partir de los índices de criminalidad es un discurso populista, dijo Reyna, añadió que hay una ausencia de políticas públicas en seguridad, y si las hay no son conocidas, la estrategia más visible del Plan de Control Territorial Fase II, son los “CUBOS”, centros de atención y generación de servicios, pero no se tiene información de su impacto en la comunidad o territorio en el que se desarrolla.
La participación de la fuerza armada en tareas de seguridad pública puede generar condiciones para agresiones como violencia, malos tratos o incluso casos de tortura. También, hay que resaltar el impacto y las implicaciones en las mujeres, que es distinto, la organización expresó, ha recibido denuncias de acoso sexual por la presencia de militares dentro o fuera de centros escolares o en las comunidades.
