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Por: Lilian Vega, de Bálsamo RTV.
Las personas afiliadas a las AFP dejarán de recibir 2,317.66 millones de dólares en rentabilidad gracias a la Reforma Integral de Pensiones de Bukele, aprobada sin retraso por la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas.
A finales del año pasado, el gobierno de Bukele envió a la Asamblea Legislativa 3 proyectos de ley para “crear un sistema integral de pensiones”.
Prestos, la bancada cian del presidente aprobó tres decretos: 614 Ley Integral del Sistema de Pensiones, 615 Ley de creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones y 616 Ley especial para la emisión de certificados de Obligaciones Previsionales y disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), todo el mismo día, el 20 de diciembre de 2022, y fueron publicados al día siguiente en el Diario Oficial número 241, tomo 437, con lo que se convierten en ley de la República.
En su presentación al país el presidente enfatizó que las reformas eran para favorecer a los trabajadores y pensionados, mejorando sus pensiones hasta en un 30% más del cálculo de pensión vigente según el decreto 614 de “Ley Integral del Sistema de Pensiones”.
Pero no comentó que al disolver el FOP y pasarlos al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), se cambian las condiciones de pago a los fondos de pensiones de las personas afiliadas, afectando la rentabilidad y las pensiones a la baja.
Esta operación se conoce como canje de deuda, se llevó a cabo el 28 de abril de este año. El gobierno de El Salvador cambió los Certificados de Inversión Previsional (CIP) emitidos por el FOP, por los Certificados de Financiamiento de Transición emitidos por el ISP.
Las nuevas condiciones de contratación son perjudiciales para los intereses de las personas afiliadas pues aunque sube la tasa de interés hasta 6.9% (aunque el decreto 616 establece 7%), también da un período de gracia total de 4 años, en el que no se paga ni intereses ni capital, además a un plazo larguísimo de 50 años.
Según el decreto 616, el ISP emitirá los COP que servirán para financiar los pagos que se generen o deriven de las obligaciones previsionales del Estado. Sin embargo, “Los COP, al ser emitidos por una institución autónoma, serán únicamente de su responsabilidad.”
Al dejar la responsabilidad únicamente al Instituto el gobierno está desligándose de su obligación de pagar lo adeudado a los afiliados a los fondos de pensiones, y nada asegura que finalmente se pague lo adeudado o no.
El monto del canje son aproximadamente 8,397.33 millones de dólares según una información del BCR. Esto implica que, al menos, durante 4 años el gobierno se ahorrará el pago de 579.41 millones cada año, y los afiliados dejaremos de percibir ese mismo monto. Al final de los cuatro años habremos dejado de recibir el pago de 2,317.66 millones de dólares.
Nada nos garantiza que al finalizar los 4 años se emita otro decreto que, nuevamente difiera la deuda, o evite el pago.
El plazo de 50 implica que si tenemos como requisito para jubilarnos 25 años, es muy probable que nos jubilemos y el Estado no nos habrá pagado todo lo adeudado, con lo cual el monto de nuestro ahorro será menor y la pensión también.
Quizá hubiera sido mejor que el Estado pagara todo lo adeudado en lugar de subir por ley el monto de la pensión, causando que nuestro ahorro para pensión se acabe más rápido.
Cuando se agote el Saldo de la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones, la persona gozará de una pensión vitalicia financiado con cargo a la Cuenta de Garantía Solidaria y tendrá el valor de $304.17 dólares, según lo establecido en los artículos 97, 98, 114 y 119 de la la Ley Integral del Sistema de Pensiones, y no los $400 que afirmó el presidente.
Al presidente Bukele le hizo falta comentar aquellas partes de las nuevas leyes y acciones de política que afectan negativamente a los afiliados a las AFP.
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