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Organizaciones llaman a la Asamblea Legislativa a detener la comercialización y uso de agroquímicos


Foto: cortesía


En el marco del Día Mundial del No Uso de Agrotóxicos, que se conmemora cada 3 de diciembre, las organizaciones que integran la Campaña Azúcar Amarga reiteraron el llamado a la Asamblea Legislativa para que impulse políticas urgentes que detengan la importación, producción, comercialización y uso de agroquímicos tóxicos en El Salvador y la prohibición de la fumigación aérea.


Una reciente investigación sobre la enfermedad renal crónica en los adultos de las comunidades agrícolas salvadoreñas evidenció que en Guayapa Abajo, Jujutla, Ahuachapán, 18 de cada 100 personas padecen de insuficiencia renal. El dato sube a 23 de cada 100 cuando se mira la población masculina.


Según datos del Ministerio de Salud en el año 2016 la enfermedad renal crónica, asociada a la exposición de agroquímicos, es la tercera causa de mortalidad del país, la primera causa de muerte en hombres y la quinta en mujeres; sumando un total de 9,900 personas que fallecieron desde el año 2009.


Sin embargo, desde el año 2018 no existen datos oficiales que evidencien cuántas personas están muriendo a causa de los agroquímicos tóxicos, según denuncian las organizaciones de la campaña Azúcar Amarga.


Judith Barrera señala que el Ministerio de Agricultura y Ganadería en lugar de detener el uso de los agrotóxicos en el país, lo está promoviendo.





Hay 113,000 manzanas de tierra cultivada con caña de azúcar, según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero las comunidades afectadas estiman que son mucho más, porque hay muchas parcelas que no han sido declaradas por los productores de caña.


La Campaña Azúcar Amargo considera que es urgente que la Asamblea Legislativa inicie un proceso de actualización de la legislación salvadoreña y se discuta la prohibición de al menos cinco agrotóxicos de los más dañinos y ampliamente diseminados en la agricultura y la agroindustria: el Paraquat, Glifosato, Edonal, Clorpirifos y Forato.


Además, señalan que es necesario fortalecer la institucionalidad gubernamental para que se apliquen controles más estrictos a las malas prácticas de la industria cañera que contribuye al deterioro de la salud humana y la contaminación del medioambiente, como la fumigación aérea y la quema de la caña.


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