MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR DESPLAZAMIENTO FORZADO

David Ortíz, de la Dirección de Acceso a la Justicia de FESPAD, expresó que en el fenómeno del desplazamiento forzado hay ausencia del Estado y no hay mecanismos de diálogo con las organizaciones, que tiene experiencia en el tema para que se les apoye.

En el programa Ciudadanía Activa, el experto en Derechos Humanos, recordó que en el contexto del conflicto armando en El Salvador, “hubo más de un millón de personas desplazadas por el conflicto”, y en esa época el estado salvadoreño no genero mecanismos de apoyo a las víctimas, ni antes, ni después de los Acuerdos de Paz.

Ante la negación en el pasado y en la actualidad de la problemática surge la Mesa de la Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia en el año 2014, con el propósito de colocar en la agenda nacional, así como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el tema.

“El estado siempre ha hecho oído sordo a este tema, porque al funcionario público, le interesa decir que en seguridad todo está bien, para vender una imagen que su gestión está siendo exitosa”, pero en la práctica la ciudadanía puede ver y conocer sobre las situaciones de delito y violencia que le afectan, dijo Ortíz.

Recordó, que hace algunos años el estado realizo una investigación al respecto y el resultado fue que más de un millón de personas conocían o tenían un familiar afectado por esta problemática.

Las mayores causantes de desplazamiento forzado en el país “son las pandillas, pero también el estado, las fuerzas de seguridad también generan desplazamiento forzado”, subrayó David Ortíz.

De acuerdo con el experto, el gran ausente en este fenómeno es el Estado, “hay una ley que se aprobó recientemente que se debe aplicar” y crear el organismo que desarrollara la política pública, un presupuesto fuerte para realizar acciones afirmativas de apoyo a las víctimas, pero no hay avances.

Otro problema grave, que identifican las organizaciones es que el actual gobierno no permite que instituciones con experiencia acumulada le apoyen y no hay espacios de diálogo.

Pero mientras esto sucede, cada familia o persona víctima de la violencia generalizada resuelve su problema por sí misma, ante la desidia del Estado.