El proyecto Ciudad Valle El Ángel se sitúa en una de las mayores zonas de recarga hídrica de San Salvador. Está a cargo de una empresa de la familia Dueñas. Mujeres de las zonas cercanas al proyecto toman la palabra y hablan de los impactos diferenciados que tendrá esta construcción en sus vidas. Una de ellas es parte de una junta de agua que abastece a cerca de 1,300 familias de la zona.
Por: Mónica Rodríguez, Katy Ventura, Carlos Amaya, Ingrid Palacios y Josseline Roca
Fotos: Mónica Rodríguez e Ingrid Palacios
El maíz está listo en un huacal que María Isabel Magarín debe llevar al molino. Acompañada de su nieta de tres años, camina unos cuantos metros para llegar a su destino. Al llegar coloca el maíz en la máquina de moler. Abre un pequeño chorro y de él sale una muy delgada “línea” de agua que servirá para mezclar la masa para las tortillas de esta noche.
“En mi caso que hago tortillas hay que buscar el agua para lavar el maíz, cocinar y nuestro aseo personal; para todo ocupamos el agua. El hombre se va a trabajar y solo dice ‘quiero agua para bañarme’, y como la mujer es la que pasa en la casa (...) Aunque nos duela es la triste realidad que estamos viviendo las mujeres en este tiempo”, explica.
Isabel es una de miles de salvadoreñas que asumen el trabajo del hogar no remunerado y de cuidados, debido a los roles de género impuestos por la sociedad. La Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) señala en su Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, publicada en 2017, que las mujeres dedican cinco horas diarias al trabajo doméstico y de cuidados a integrantes del hogar. Mientras que los hombres dedican solamente dos horas a estas actividades.
De acuerdo con el informe “Situación de las mujeres rurales en El Salvador”, publicado este año por la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), “los trabajos domésticos y de cuido recaen casi exclusivamente en las mujeres, que llegan a tener jornadas de hasta 16 horas diarias”. En el documento, se describe que en el ámbito rural, los hombres apenas aportan un 13.8 % del total del trabajo del cuido.
Una de las tareas que recae en los hombros de las mujeres es la provisión de agua y cuando este recurso escasea, son las mujeres quienes más lo resienten.
El Río Chacalapa será explotado para abastecer a habitantes de la construcción de Los Dueñas/ Fotografía: Mónica Rodríguez.
“¿Por qué somos las mayores afectadas? Sí, al hombre le afecta, pero nos afecta más a las mujeres porque nosotras lavamos, bañamos a los niños, pasamos, por decirlo así, un poco más en la casa y somos las que más ocupamos el agua”, explica Isabel.
Ella y sus vecinas deben acarrear el agua desde donde esté, para realizar las actividades diarias. Se abastecen del nacimiento del río Chacalapa, ubicado en Nejapa, que está a escasos metros del molino donde acude Isabel y del que hacen uso unas 6 mil personas en toda la zona. Esta fuente de agua está en riesgo, tras el permiso ambiental que ha sido otorgado a la familia Dueñas para construir el proyecto urbanístico en Valle El Ángel, debido a que será explotado para abastecer a la urbanización.
Fernando López, ministro de Medio Ambiente -a quien el presidente de la República, Nayib Bukele, le encomendó agilizar los permisos ambientales para no entorpecer el “desarrollo”- firmó el permiso para la construcción de Ciudad Valle El Ángel de Urbánica, empresa propiedad de Sociedad Dueñas Hermanos, Limitada.
La empresa es propiedad de una de las familias con mayor poder económico del país que ha logrado imponerse en zonas como la finca El Espino y otras consideradas “pulmón” de San Salvador. Urbánica se describe como un concepto que “nace de la combinación entre lo urbano y su interacción con lo orgánico, reflejando un estado de la realización que alcanzan los seres humanos, en el uso de los espacios que son construidos para sus vivencias”.
La propuesta habitacional para Valle El Ángel se distribuye en 3,500 lotes para vivienda. Si bien es cierto, podría reducir el déficit habitacional en El Salvador que afecta a 994,000 mil familias, según la organización Hábitat para la Humanidad (6 de cada 10 familias habitan viviendas inadecuadas), el problema radica en qué tipo de vivienda se construye, explica Alejandro Henríquez, del Foro de Agua.
“Aquí en El Salvador existe un déficit habitacional muy grande, y cuando hablamos de déficit, no solo hablamos de la gente que no tiene casa, sino también, de la gente que no tiene una casa digna, que no tienen acceso a agua, que viven en zonas de alta contaminación o de personas que viven en malas condiciones. El problema es que no se hacen viviendas de interés social”, señala.
Este proyecto de los Dueñas implica el desarrollo de un “plan maestro” a ser ejecutado en seis etapas, en un plazo aproximado de 15 años, el cual incluirá servicios residenciales, comercios y prestación de servicios, de acuerdo con la resolución de fecha 1 de diciembre de 2020. Según el permiso otorgado, así se construiría cada etapa:
Este proyecto es sinónimo de destrucción para algunas personas que habitan alrededor. “Al desarrollarse el plan parcial Valle El Ángel, nos estarían robando toda el agua que baja para acá. Nos afecta en gran manera porque nosotros aquí no tenemos agua de otro sistema sino que solamente nos abastecemos del nacimiento Chacalapa”, afirma Isabel.
Maria Isabel está organizada en la Asociación Comunal de Agua Potable (ARA), que abastece a unas 1,300 familias de la zona. Este espacio se constituye en una de las 2 mil 425 juntas de agua a nivel nacional, que administran un 42 % del bien hídrico. ARA es la encargada de distribuir el agua pero por algunas horas: cuatro horas a un sector e igual número al otro sector.
Otra de las mujeres de la zona, Sara García, ecofeminista y parte de la organización Kawoq, señala que el megaproyecto Ciudad Valle El Ángel impacta la vida de las comunidades, de la naturaleza, pero también “los cuerpos de las mujeres”. “Aquí en el municipio deben de saber que es un municipio que carece de agua y nosotras tenemos, según el estudio del Ministerio del Medio Ambiente, una de las mejores aguas de la capital. Entonces las empresas se han establecido en este lugar precisamente porque hay agua”, asegura.
La ecofeminista afirma que en toda la zona baja del volcán, donde están los mantos acuíferos, se abastecen más de dos mil familias y unas seis mil personas “de manera indirecta”.
Sara García explica las razones por las que el proyecto Valle El Ángel tiene que ver con la lucha por el territorio y el cuerpo de las mujeres/ Fotografía: Ingrid Palacios.
Sara coincide con Isabel, al asegurar que las mujeres son impactadas de manera diferenciada cuando se realizan este tipo de construcciones. “Podemos decir que las principales afectadas somos las mujeres por todas las relaciones que tenemos nosotras con el agua y principalmente porque somos las que vemos todo el trabajo de los cuidados y las que están siendo más empobrecidas al no tener agua”, asevera.
Este proyecto, al igual que la construcción de una capilla promovida por los Heraldos del Evangelio -uno de los grupos más conservadores de la iglesia católica que contradice lo expresado por el Arzobispado de San Salvador- ha provocado acciones de resistencia de diversas organizaciones sociales, comunitarias y religiosas.
Miles de firmas han sido presentadas ante el MARN para intentar frenar la autorización. Hasta ahora solo ha habido silencio de la institución del Estado que tiene el mandato de proteger los bienes naturales. Tampoco la Sala de lo Constitucional ha resuelto una demanda presentada, en octubre de 2019, por organizaciones como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) para que se detenga el proyecto. El Tribunal tampoco resolvió sobre las medidas cautelares que pidieron el pasado mes de diciembre.
La mujer que esta noche ofrecerá tortillas a sus vecinos para subsistir, tiene claras las razones por las que el proyecto no ha sido frenado hasta hoy.
“En nuestro país lo que interesa es que si usted tiene dinero puede tener todo lo que quiera, pero creo que la cuestión no sería así. Aquí los Dueñas, como son los ‘archimillonarios’, manipulan a su antojo a todas las instituciones públicas. Han manipulado a ANDA, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, al Ministerio de Medio Ambiente; todo es una suciedad, no es sociedad sino una suciedad, que ellos hacen hacer tratos bajo la mesa”, señala.
El señalamiento hacia la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados es porque en el 2016 el entonces presidente de la autónoma, Marco Fortín, firmó un acuerdo con los Dueñas para cederle la explotación de 200 litros de agua por segundo de manera exclusiva para la urbanización que para ese momento era una pretensión. Su sucesor, Frederick Benítez -interpelado por la Asamblea Legislativa, la cual recomendó su destitución por el mal manejo de la crisis por contaminación del agua y ahora comisionado presidencial para el manejo del bien natural- no solo le dio seguimiento al acuerdo, sino que lo amplió.
“Le entregaron una concesión sin tener facultades para eso”, señala Carlos Flores del Foro del Agua. Este líder social es uno de los que interpuso un aviso de investigación en la Fiscalía General de la República contra Fortín, artífice del acuerdo.
Uno de los representantes de la iglesia luterana, Santiago Rodríguez, también ha sido parte del proceso de denuncia de este megaproyecto y reafirma lo dicho por Isabel y Sara. “Valle El Ángel es el manto acuífero de mayor calidad que hay en nuestro país. Es el que abastece a todos los municipios de la zona norte de San Salvador. Van a sobreexplotar los mantos acuíferos”, declaró en febrero a Radio YSUCA.
Los municipios que serían directamente impactados, según el Foro del Agua, son Apopa, Nejapa, Ciudad Delgado, Ilopango, Aguilares, Tonacatepeque, Mejicanos, entre otras.
La encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2019, elaborada por la Digestyc, revela que en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) el 97.7 % de la población tiene acceso al agua por cañería.
Esto se contrasta con las cada vez más constantes protestas por la falta de acceso al agua. Organizaciones como la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua enfatizan la importancia de considerar que “el agua no viene del chorro”, sino de los mantos acuíferos.
En el caso de la comunidad donde vive Isabel, el Chacalapa es el afluente desde el que se distribuye en cisternas, para posteriormente darle tratamiento y llevarlo a las familias. “Ahorita hay árboles, hay tierra, lo que ayuda es a imprimir el agua, entonces cuando ellos talen todos los árboles -326 manzanas- todo eso va a ser pavimento, el agua no va a tener a dónde impermeabilizarse”, detalla.
De aplicarse la legislación -dicen ambientalistas- los intereses que deberían priorizarse son los de la población y de los bienes naturales. El artículo 2, literal b, de la Ley de Medio Ambiente establece que “todos los habitantes tienen derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es obligación del Estado tutelar, promover y defender este derecho de forma activa y sistemática, como requisito para asegurar la armonía entre los seres humanos y la naturaleza”.
“El miedo es que nos dejen sin agua”
Frente al río que una vez fue caudaloso, Isabel hace memoria de que hace 20 años no era posible cruzarlo, pero “a medida que las empresas han abierto pozos, este ha bajado”. “Ese es el miedo, que nos dejen sin agua con el proyecto”, expresa, mientras ve a su nieta.
Niños juegan en una poza que nace del río Chacalapa/ Foto: Mónica Rodríguez.
Sara, por su parte, enfatiza en que la defensa del territorio, ahora asediado por los Dueñas, es la principal razón para mantenerse organizadas. “Hablar de megaproyectos es hablar de la defensa de la vida, porque son proyectos que atentan contra esta, la naturaleza y que empobrecen más a las comunidades y principalmente a las mujeres”, señala.
Uno de los mayores riesgos radica en que reducirá la producción de agua de la zona de recarga pero también sobreexplotará el obsoleto Sistema Zona Norte de ANDA, de acuerdo con la investigación periodística del medio digital Gato Encerrado.
El medio cita al hidrólogo independiente, Julio Quiñónez Basagoitia, quien realiza un cálculo de extracción que ronda los 200 l/s lo cual sería el equivalente al agua que consumen 92,000 mil personas diariamente; cuando el proyecto de los Dueñas está estimado para que habiten 39,000 personas.
Además la resolución con referencia 7586 -0769- 2009 del MARN indica que el proyecto urbanístico afectaría de forma irreversible la microcuenca del río Tomayate. Los tres pozos propuestos para el proyecto en ese momento excedían en un 48 % el caudal máximo permitido por ANDA. Por eso, en el 2009, el ministerio rechazó el megaproyecto de los Dueñas.
En el nuevo estudio de impacto ambiental, presentado por la familia Dueñas, se acepta que el proyecto es perjudicial. “Las implicaciones negativas se centran en que el ambiente será impactado de forma negativa, por lo que su ejecución se desarrollará en apego al marco legal aplicable y a minimizar los impacto negativos que generen las diferentes actividades que se ejecuten”. Además reconocen la tala de, al menos, 35 árboles, en los lugares donde se ubicarán las edificaciones.
En el caso del agua, el documento establece que “se realizará conexión del sistema de tuberías de agua potable al entronque de ANDA, para el suministro de residentes y usuarios” de su urbanización.
El silencio del Estado
Por el momento, las organizaciones y las comunidades se encuentran a la expectativa para que se dé respuesta a siete escritos presentados, entre recursos de revisión y de apelación, explica Alejandro Henríquez. “Falta la respuesta de todos los recursos que, de ser rechazados, se ha pensado en dos cosas: o un amparo o un proceso contencioso administrativo”, dijo.
Estos colectivos no descartan llevar el caso de Valle El Ángel a instancias internacionales, esto solo si se agotan todos los recursos jurídicos a nivel nacional. Buscan que mujeres como Isabel, Sara y cientos más no sean severamente impactadas, junto a sus comunidades, por la “incapacidad” del Estado y su prioridad en los grupos de poder económico.
“Como dicen que no hay peor lucha que la que no se hace, entonces estamos intentando por todos los medios pues ya acudimos a todas las instituciones legales y hasta ahorita no hemos logrado tener una respuesta positiva (...) les pedimos que nos echen la mano en esta lucha porque la verdad es que si es necesaria esta lucha para poder conservar ese nacimiento”, reafirma Isabel.
La resistencia de Isabel, Sara y cientos de mujeres más se da en un país en el que aún no existe una Ley de Aguas, debido a que por más de una década, los partidos políticos no han alcanzado consenso. Esta normativa permitiría, entre otras cosas, priorizar el agua para consumo de las personas, protegería las cuencas y permitiría minimizar la sobreexplotación por parte de las empresas.
Apenas en 2019, el Parlamento aprobó - nuevamente- una reforma constitucional para reconocer el derecho humano al agua y su saneamiento; la cual debe ser ratificada por la siguiente legislatura.
Durante más de 10 años, El Salvador se mantiene en contradicción al reconocimiento que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas al derecho humano al agua y saneamiento. En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General N° 15 en la que, entre otras cosas, se plantea que "el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna". Debido a la prioridad del tema, se ha incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a cuyo cumplimiento se han comprometido las naciones que integran el organismo, entre ellos este país centroamericano.
El objetivo relativo al agua está interrelacionado con al menos 14 más, al ser el agua un elemento central para la vida de las personas y los ecosistemas.
En esta infografía se resumen el paso de la familia Dueñas por Valle El Ángel
