En el Salvador el autoritarismo avanza sobre sectores campesinos: caso Cooperativa el Bosque

Familias de Cooperativa El Bosque se manifestaban pacíficamente para pedir que no se les desalojara de sus tierras en el Triunfo, Santa Tecla.

El 12 de mayo de 2025, la Cooperativa El Bosque, ubicada en el cantón El Triunfo, Santa Tecla realizó una manifestación pacífica organizada por sus habitantes cerca de la residencia presidencial, pidiendo al mandatario su intercesión para detener a una orden judicial de desalojo que afectaría a unas 300 familias que han residido en esas tierras desde los años 80s, tras ser adjudicadas como parte de la reforma agraria.

Durante la manifestación del 12 de mayo, llegada la noche, la Policía Militar y la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) reprimieron a los manifestantes, utilizando gases lacrimógenos y efectuando detenciones. Entre los detenidos se encuentran José Ángel Pérez, presidente de la cooperativa y pastor local, y al siguiente día, fue detenido arbitrariamente, Alejandro Henríquez, abogado defensor de la comunidad. Ambos fueron acusados preliminarmente de

desórdenes públicos. Además, se les aplicó la medida del régimen de excepción, lo que ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos por considerarlo una violación a sus garantías fundamentales.

El conflicto se originó por una disputa legal con Luis Antonio Palomo Urbina, propietario de Proyin, S.A. de C.V. En 2004, la cooperativa firmó contratos con esta empresa para servicios de escrituración de terrenos, respaldados por pagarés por $130,000. Sin embargo, en 2008, Palomo demandó a la cooperativa por cerca de $850,000, alegando incumplimiento contractual. La cooperativa denuncia que estos servicios nunca se prestaron.

El presidente Bukele afirmó en su cuenta de X que las familias de la cooperativa fueron manipuladas por partidos políticos y ONGs, y propuso un impuesto del 30% a las donaciones que estas organizaciones reciben, con el objetivo de utilizar esos fondos para resolver la situación de la comunidad. Por su parte, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, anunció la formación de un equipo técnico, social y legal para abordar el caso y brindar apoyo a las familias afectadas.

El 17 de mayo, el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla suspendió temporalmente la orden de desalojo que estaba programada para el 22 de mayo. Sin embargo, persiste la presencia policial en la comunidad, y organizaciones sociales continúan exigiendo la liberación de los líderes detenidos y el respeto a los derechos de las familias de la cooperativa.

Este caso ha generado un amplio debate en El Salvador sobre el acceso a la tierra, la criminalización de la protesta social y la actuación del Estado frente a comunidades campesinas que reclaman derechos históricos sobre sus territorios.

Organizaciones como Amnistía Internacional, Relatorías de la ONU, Human Rights Watch rechazan el uso excesivo de la fuerza y la criminalización de defensores.

Hoy dos líderes comunitarios narran todo lo que han tenido que vivir y sacrificar, en resistencia a ser despojados de sus tierras en las que han cultivado toda su vida. ¡La tierra no se vende, se cuida y se defiende!