Ni gratis, ni suficiente. Diez años después de que Nayib Bukele prometiera resolver el problema de agua en Nuevo Cuscatlán, al menos 3,000 familias siguen esperando acceso permanente en su vivienda. Mientras, convertidas en símbolo de desarrollo, las residenciales privadas del municipio tienen agua potable 24 horas al día, todos los días.
Cantarera en comunidad Monseñor Romero, en Nuevo Cuscatlán. Foto: BRTV
Lilian Vega e Imelda Jacobo.
El 12 de enero de 2015 el joven alcalde del FMLN, Nayib Bukele, inauguró una obra que prometía cambiar la vida de la gente de Nuevo Cuscatlán.
“Ahora tienen agua las 24 horas al día, 365 días al año. Y este proyecto no le va a costar ni un centavo más a nadie en Nuevo Cuscatlán. Ni un centavo más de tasas y ni un recibo de agua”, dijo Bukele aquel día, mientras inauguraba el nuevo sistema municipal de agua, independiente de ANDA y alimentado por pozos de la alcaldía. “Esta agua nos la regaló Dios, está bajo la tierra y nosotros lo único que hicimos fue sacarla, traerla a este tanque y distribuirla a la gente”, añadió.
Dos años antes había prometido una inversión de $390 mil dólares en el servicio de agua potable, como parte de la construcción de lo que publicitaba como una “Nueva Ciudad”. Cuando Bukele llegó a la alcaldía, el servicio era deficiente para un 70% de las comunidades del municipio. En el resto, la situación era peor: se abastecían en pozos artesanales o tenían que desplazarse hasta manantiales para acarrear agua en cántaros a sus casas.
El día que Bukele abrió el chorro de donde saldría la prometida agua ilimitada y gratuita, estaba rodeado de vecinos de comunidades empobrecidas. “Ha cumplido la meta que prometió” dijo uno de ellos, que arrastrado por la euforia parecía sentirse parte del gobierno municipal: “Y seguiremos cumpliendo con el proyecto que trae Michelle Sol para nuestro municipio”.
Sol era concejal y en ese momento se encontraba en plena campaña electoral para ser alcaldesa, de nuevo bajo la bandera del FMLN. Bukele también estaba en campaña: aspiraba a ser alcalde de la capital, San Salvador. Hoy es presidente de la República y Sol, que gobernó el municipio cuatro años, de 2015 a 2019, es su ministra de Vivienda.
“Mi principal propuesta es continuar con todo lo que hemos hecho, darle mantenimiento para seguir mejorando y traer nuevos proyectos que van a ir saliendo en el camino, según las necesidades que se van dando para Nuevo Cuscatlán”, dijo Michelle Sol aquel día de enero.
Ocho años después el servicio de agua sigue siendo deficiente en la mayoría de comunidades empobrecidas de Nuevo Cuscatlán. Los vecinos reciben agua solo unas horas al día, o incluso pocos días por semana. Y no es gratis.
Ni en la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), ni en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), ni en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) hay información oficial disponible sobre la situación actual de abastecimiento de agua en Nuevo Cuscatlán. Tampoco existen estudios recientes abiertos al público. Sólo la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2022, con niveles de estimación confiables a nivel nacional, pero una muestra reducida a nivel municipal, ofrece una idea aproximada de la situación.
Según esa encuesta, en Nuevo Cuscatlán hay cerca de 7,500 hogares en total y, de ellos, al menos tres de cada diez solo reciben servicio de agua 3 días a la semana. De ese 30 %, el 40 % recibe agua cuatro horas o menos al día. El estudio no distingue a las comunidades que ni siquiera tienen agua en las viviendas, sino que aún dependen de surtidores comunitarios ubicados en la calle.
“En la noche nos quitan el agua, que es cuando nosotras, que salimos a trabajar, deberíamos aprovechar el momento para los quehaceres de la casa”, cuenta María Paz Rivas, una vecina de la San Antonio, una comunidad periférica en el sur del municipio. “Y en el día sí cae, pero como no estamos ¿cómo hacemos para llenar algunos barriles?”.
María Paz muestra el recibo de la Alcaldía, que refleja un cobro de $4 mensuales por ese servicio de agua potable por horas. Cuenta que al inicio, después de la inauguración del servicio municipal, sí tenían agua las 24 horas y no se le cobraba por el servicio. Pero que después vino el susto: “Es que fue una gran falsedad eso que dijeron que iba a ser gratis”, dice. “Cuando fui a ver, para pagar los impuestos que normalmente se pagan, supimos que nos estaban cobrando el agua. Nunca fue gratis”, cuenta con indignación.
Una vida esperando agua
María Paz tiene 56 años y nació en la comunidad San Antonio, en una casa sin agua potable. Hasta 2015 tenía que recorrer 100 metros por veredas y cuesta arriba, hasta un nacimiento en la finca de café La Labrancita, para recoger agua y acarrearla en cántaros que pesan llenos casi 50 libras. Cuenta María Paz que hacía entre ocho y diez viajes diarios, fuera invierno o verano. El agua la regalaban los dueños de la finca.
María Paz Rivas, lideresa de la comunidad San Antonio, en Nuevo Cuscatlán. Foto: BRTV
Expresidenta de la Asociación de Desarrollo Comunal, María Paz fue parte de la Junta Directiva del Comité de Rescate de Cuencas de La Libertad, CORCULL, y sigue siendo lideresa en su comunidad. Con la promesa de Bukele, lo admite, vio una esperanza.
Pero su comunidad, que es periurbana y a la que solo se accede desde la calle que conduce hacia Huizúcar, no fue elegida entre las primeras que se beneficiaron del proyecto municipal. Por eso una vez Sol fue elegida alcaldesa volvió a las gestiones. Pero logró apenas que la edil le prometiera instalar en la San Antonio cinco cantareras, cinco chorros comunales repartidos por la comunidad para que los vecinos siguieran cargando agua en cántaros, pero más cerca de casa.
“¿Cómo es que nos va a dar cinco cantareras para más de 100 familias?”, dice que le reclamó a Michelle Sol. “Es incoherente, queremos un sistema de agua domiciliar”. A finales de ese mismo año, la alcaldía instaló el sistema de agua potable en la comunidad San Antonio.
Otras familias se tuvieron que conformar con las cantareras. Cerca de San Antonio se encuentra la comunidad Monseñor Romero, donde la alcaldía instaló cuatro, con dos chorros cada una, para casi un centenar de familias. Sigue siendo el único suministro con que cuentan.
Quienes habitan cerca de una cantarera ponen mangueras que llegan hasta sus casas o champas de lámina, donde almacenan el agua en barriles o pilas. Las viviendas que están más alejadas siguen condenadas a cargar cántaros.
Una vecina de la Monseñor Romero, que pidió omitir su nombre, afirma que tienen que hacer fila para esperar su turno porque cada cantarera abastece a unas 20 familias. “A veces pasamos toda la mañana esperando. Y cuidamos el poquito de agua que tenemos de reserva, mientras logramos llenar lo que nos falta”.
Igual que en la comunidad San Antonio, en la Monseñor Romero el agua deja de caer aproximadamente a las 8:00 de la noche. Las cantareras vuelven a funcionar a las 5:00 de la mañana.
Otra comunidad donde el agua escasea es La Esperanza II, ubicada sobre el bulevar que conecta Nuevo con Antiguo Cuscatlán. Están conectados al servicio de la alcaldía, pero a pesar de estar a solo cien metros del tanque municipal el surtido se interrumpe continuamente. “En la mañana, como a las 7:30, cae agua por unos 15 minutos. Luego la cortan. Vuelve a caer como a las 11:30, pero solo otros 15 minutos. Y la cortan. Y vuelve a caer como a las 6:00 de la noche, pero la quitan como a las 8:00 y ya no vuelve a caer sino hasta el día siguiente”, detalla una vecina de la comunidad, que también pidió reservar su nombre. “Y eso si no hay tuberías dañadas”, dice.
En La Esperanza II, además, al menos una vez al mes se quedan sin agua también durante el día. Cuando los vecinos preguntan a la alcaldía la razón, les suelen hablar de algún daño en una tubería. Reciban agua o no, eso sí, deben pagar el recibo mensual de aproximadamente $4.20 por vivienda.
Donde el agua sí llega día y noche es en el casco urbano de Nuevo Cuscatlán, al mismo precio fijo de $4.20 al mes. Una comerciante que tiene su negocio en el parque central de Nuevo Cuscatlán y reside a un par de cuadras de la plaza central, lo confirma: “Es raro que nos digan que van a suspenderla, y siempre nos avisan con tiempo”, explica. Pide, como los otros vecinos, que en el reportaje no aparezca su nombre.
¿Quién da el agua?
El 26 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial el Decreto N° 35, que da vida al Sistema de Acueductos de Nuevo Cuscatlán, SANC. El artículo 19 establece que el patrimonio del SANC estará compuesto por “los ingresos propios que se generen de la aplicación y cobro de las tarifas por el servicio de agua potable”.
Pero el verdadero motor económico del SANC, el sistema municipal de agua de Bukele, son los desarrollos urbanísticos privados. Un año antes de su nacimiento, la alcaldía del ahora presidente firmó un convenio con Inversiones San Emilio S.A. de C.V. por el proyecto habitacional Florencia por el que, como compensación social, la constructora se comprometía a entregar al municipio un “pozo de extracción de agua potable de carácter industrial” valorado en $248,418 dólares y recibiría, a cambio, garantía de que la residencial Florencia gozaría de hasta 857 conexiones de agua a dicho pozo. En el documento, la alcaldía se comprometía a que el proyecto habitacional privado fuera “exitosamente ejecutado".
El artículo 24 del decreto de creación del SANC establece que podrán conectarse al servicio de agua potable municipal “desarrolladores de proyectos residenciales o de urbanizaciones y propietarios de comercios, negocios, industrias”, además de “grandes instituciones” del municipio. El texto no explica qué se entiende por grandes instituciones. Tampoco menciona a los hogares de Nuevo Cuscatlán que están fuera de las residenciales privadas.
Un mes después, en abril de 2014, el Concejo Municipal encabezado por Bukele aprobó la ordenanza de pliego tarifario que establece precios y volúmenes de suministro diferenciados, dependiendo del costo de la vivienda. Para las de precio menor a $40,000, fija una tarifa entre los $2.29 y los $176 al mes, dependiendo el consumo de agua. Para viviendas de precio mayor a $40,000 se aplicaría la tarifa mensual comercial de $1.48 por cada metro cúbico.
Esas tarifas ya eran ley cuando Bukele dijo en 2015 a los vecinos de Nuevo Cuscatlán que el agua sería gratis.
Un impulso electoral
Al tiempo que firmaba el convenio con la Sociedad Inversiones Florencia, S.A. de C.V. para la perforación del pozo que luego surtiría al sistema municipal, Bukele acusó a Marco Fortín Magaña, presidente en ese momento de ANDA, de negarse a invertir en Nuevo Cuscatlán.
Al municipio le correspondía, legalmente, beneficiarse de FIHIDRO, el Fideicomiso para la ejecución del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, Zaragoza y San José Villanueva, establecido en 2006 durante el gobierno del arenero Antonio Saca.
“Hasta ahorita no se ha invertido un solo dólar y tenemos año y medio de estar hablando con él. Al hombre le quedan siete meses en el gobierno y hasta ahorita esos $9,000,000 brillan por su ausencia”, dijo Bukele en octubre de 2013, a medios de comunicación.
Fortín respondió, en una conferencia de prensa, que a su administración se le hizo entrega de “un sistema de agua que fue construido a través de un fideicomiso que administraba el Banco Multisectorial de Inversiones”. “ANDA lo que recibió fue papeles, nunca recibió un solo centavo”, enfatizó.
FIHIDRO estaba suscrito por ANDA y más de una treintena de personas naturales y jurídicas que pretendían invertir en distintos proyectos urbanísticos en el área. El convenio marco para finalizar la construcción, recepción y donación del proyecto, con fecha 16 de junio de 2011, establece que, completadas las correspondientes inversiones, los proyectos urbanísticos recibirían 14,723 acometidas de agua y ANDA conservaría 22,454 acometidas para dar servicio a comunidades no privadas. En 2011 se estableció un plazo de 15 años para finalizar las obras.
El presidente de la República en aquel momento, Mauricio Funes, reaccionó al conflicto entre Bukele y Fortín y se colocó del lado del joven alcalde. “Ya di instrucciones al presidente de ANDA para que conecte el agua e invierta en nuevo Cuscatlán para que tenga el agua que el casco urbano necesita”, dijo Funes en un evento público.
A diez años de aquella orden, FIHIDRO solo beneficia, en Nuevo Cuscatlán, a residenciales privadas. Ni Bukele ni Sol han protestado en público por ello.
Carlos Flores, luchador social desde hace 20 años, especialista en gestión política del agua y fundador del Foro del Agua de El Salvador, cree que aquel pleito de 2013 era parte de una estrategia electoral. “El agua potable fue la plataforma de despegue de Nayib Bukele para pasar de la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán a la capital”, dice. “Con un pleito frente a una institución como ANDA el tema no se localiza, se nacionaliza. Fue su plataforma de despegue a la alcaldía de San Salvador… e incluso hasta la presidencia de la República”, opina Flores.
La burbuja de lo privado
En Nuevo Cuscatlán las residenciales privadas reciben agua de cuatro sistemas distintos: ANDA, el SANC, AKUA S.A. de C.V. (una empresa propiedad del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, IPSFA) y un total diez pozos privados dentro de las distintas residenciales.
Entrada a una de las residenciales privadas de Nuevo Cuscatlán. Foto: BRTV
Personas de las comunidades de la cuenca del río San Antonio, e integrantes de la Mesa Territorial de la Cordillera del Bálsamo y del Foro del Agua de El Salvador, han denunciado a la empresa AKUA y al SANC por supuesta sobreexplotación de acuíferos en Nuevo Cuscatlán. En junio de 2022, el Juzgado Ambiental de San Salvador, que ve el caso, pidió a la Municipalidad de Nuevo Cuscatlán, a ANDA, al IPSFA y al MARN informes al respecto.
Al cruzar los informes de las cuatro instituciones, a los que este medio tuvo acceso, se descubre que hay residenciales que se abastecen de agua potable de dos sistemas distintos, mientras las comunidades periféricas dependen solo del sistema municipal. La Residencial Cuscatlán, por ejemplo, recibe agua del SANC y de ANDA; la Residencial Greenside, del SANC y de AKUA; las Residenciales Garden Hills, Kaukali y Nuevo Cuscatlán reciben agua de AKUA y también tienen pozos privados. Así, se garantizan un suministro regular.
Por otra parte, Inversiones Briko, S.A. de C.V. ha desarrollado un plan maestro para su proyecto “Kalamanda” que se construirá en tres fases a lo largo de los próximos doce años e incluye casas, apartamentos, áreas para comercio, un bypass hacia la carretera al Puerto de la Libertad y calles que conectarán con las principales carreteras de la zona. Según ese plan, la constructora pretende perforar tres pozos para abastecer a los futuros residentes y visitantes. La fase 1 de Kalamanda colinda con la comunidad Monseñor Romero y el cauce del río San Antonio.
Julio Gutiérrez, doctorando en Antropología de la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill, en Estados Unidos, dedicó entre 2018 y 2022 trece meses de investigación en terreno a analizar el modelo de desarrollo urbano de Nuevo Cuscatlán. Publicó los resultados en el artículo “Escenificando La Nueva Ciudad: espectáculo urbano y los orígenes ecológicos del populismo autoritario de Nayib Bukele”.
Según Gutiérrez, el modelo de nueva ciudad de Bukele prioriza la reserva de agua para las residenciales privadas y relega a las comunidades empobrecidas. “A finales de la administración Bukele, en 2015, la alcaldía de Nuevo Cuscatlán ya había entregado al menos 1,493 conexiones de agua potable para futuros proyectos inmobiliarios. A pesar del estatus incompleto de esos proyectos, las cantidades de agua reservadas para ellos eran suficientes para abastecer a 5,000 personas, aproximadamente 45 % de la población total de Nuevo Cuscatlán”, se lee en el artículo del antropólogo.
Una agente de bienes raíces, que ha trabajado en el rubro por más de 30 años, confirma que quienes construyen, comercializan, compran y viven en los complejos urbanos privados de Nuevo Cuscatlán tienen siempre garantizada el agua. Explica que las constructoras no solo logran acuerdos de suministro con cualquiera de los cuatro sistemas que operan en el municipio, sino que además construyen grandes cisternas que abastecen a cada vivienda.
“Tienen cisternas grandes, de hasta 40 barriles y nunca se siente la diferencia, aunque el agua falte siete días”, dice la agente, que pidió también anonimato por miedo a consecuencias laborales y personales.
Un área no urbanizable
Imagen aérea que refleja la expansión urbanística en Nuevo Cuscatlán. Foto: BRTV
En 2011 el entonces alcalde Thomas Rodríguez, de ARENA, emitió una ordenanza para la “Regulación de los usos del suelo y las actuaciones urbanísticas del municipio de Nuevo Cuscatlán”. En ella declaraba bajo protección las zonas de recarga hídrica y las fuentes de agua, como manantiales y pozos. Establecía además un 30 % como área máxima de impermeabilización en cada obra, aunque abría la puerta a que urbanizadores, lotificadores y constructores pudieran hacerse acreedoras de “Bonos de impermeabilización” de hasta un 10 % más, para poder impermeabilizar hasta el 40 % del suelo de un proyecto.
En marzo de 2013, diez meses de llegar a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, Bukele hizo cuatro grandes reformas a esa norma: primero, quitó a la Asociación de Municipios de la Región La Libertad y las oficinas de Planificación correspondientes, el poder de otorgar licencias y permisos para parcelación, urbanización y construcción en el municipio, y se los pasó a la Alcaldía. Luego, aumentó las tarifas para permisos y trámites y cambió la zonificación de la parte sur de “zona de desarrollo agroforestal” a “zona habitacional”, aunque según el MARN la zona sur este de Nuevo Cuscatlán tiene un potencial de recarga hídrica “alta” y “muy alta”.
Por último, aumentó el porcentaje de impermeabilización permitido por el Bono de Compensación Social hasta el 50 % para proyectos habitacionales y hasta el 80 % para usos comerciales e institucionales, cuando estos hagan un pago a la alcaldía de entre el 5 % y el 10 % el valor comercial de venta del terreno a urbanizar.
Las zonas de recarga hídrica quedaron así expuestas al crecimiento urbano y la zonificación dejó de proteger las cuencas del municipio.
En 2016 el MARN decretó nuevas directrices para la zonificación ambiental y usos de suelo para la Cordillera del Bálsamo. En ellas incluyó a Nuevo Cuscatlán entre las zonas a regular, y designó casi toda el área del municipio como no urbanizable o área de protección o restauración ambiental.
Pero en noviembre de 2017 la alcaldesa Michelle Sol envió una nota a la entonces ministra de Medio Ambiente, Lina Polh, pidiendo que cambiara esa zonificación y la compaginara con la ordenanza municipal, según consta en el decreto de “Actualización de las Directrices de Zonificación Ambiental y los Usos del Suelo para el municipio de Nuevo Cuscatlán”. El MARN accedió a la petición de Sol.
Antes, la Corte de Cuentas de la República ya había llevado a cabo una auditoría de la gestión ambiental de Nuevo Cuscatlán, entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2015, la segunda mitad del período municipal de Bukele. La auditoría calificó la “gestión ambiental de dicha entidad como desfavorable”, y emitió ocho recomendaciones relacionadas directa o indirectamente a la gestión del agua en el municipio.
Cinco años después, en octubre de 2019, la Corte de Cuentas realizó un examen especial de seguimiento que detalla el incumplimiento de seis de esas ocho recomendaciones. Entre ellas está la correspondiente al deber del SANC de obtener un permiso ambiental para la explotación del principal pozo de agua del sistema municipal, el conocido como pozo San Emilio, y la necesidad de practicar análisis microbiológicos y físico-químicos del agua potable que se surte a la población del municipio, con la frecuencia que dicta la ley.
La Alcaldía Municipal de Nuevo Cuscatlán y el SANC no quisieron dar una entrevista o responder a comunicación alguna para explicar si cuatro años más tarde esas carencias se han subsanado. El 22 de noviembre de 2023 se enviaron mensajes telefónicos al número del SANC proporcionado por la alcaldía, pero no hubo respuesta. La alcaldía y la oficina del SANC tampoco respondieron a sendas cartas entregadas el 27 de noviembre, pidiendo entrevistas para conocer el funcionamiento actual del sistema de agua municipal, los planes o proyectos de mejora del mismo o aclarar las prioridades de la municipalidad a la hora de asignar abastecimiento o inversión en agua a distintas comunidades o residenciales.
Exconcejales de Nuevo Cuscatlán a los que se contactó a través de un intermediario también se negaron a dar declaraciones para este reportaje “por temor a represalias”. Líderes de comunidades, expertos en aguas y urbanismo que trabajan en la zona, y habitantes de comunidades empobrecidas consultados por BRTV dijeron tener miedo a hablar o reaccionaron con una negativa al escuchar que se quería abordar con ellos el tema del suministro de agua.
Un estudio sobre las cuencas de los ríos El Jute y San Antonio, elaborado en 2014 por la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura, ACUA, con apoyo de Ingeniería sin Fronteras y la UES, afirma que la cuenca del río San Antonio es la más importante para el suministro de agua a Nuevo Cuscatlán. Está compuesta, en sus zonas baja y media, por “rocas no acuíferas” con “conductividades hidráulicas muy bajas o casi nulas”; la zona media-alta a alta posee un acuífero volcánico “de extensión limitada y productividad media”; y la zona alta posee acuíferos locales “de extensión limitada y productividad media a baja”.
Esto significa que en el suelo de Nuevo Cuscatlán no abunda el agua, a diferencia de lo que sucede en localidades como Opico y Nejapa, donde un pozo a 160-180 metros de profundidad puede tener fácilmente un caudal de más de 80 litros por segundo. En Nuevo Cuscatlán se perforan más de 400 metros y se logran caudales de hasta 20 litros por segundo, según un hidrogeólogo que habló de manera anónima, pero que ha realizado diversos estudios en Nuevo Cuscatlán y ha analizado la situación en varios territorios del país.
En el estudio de ACUA sobre la cuenca del río San Antonio, en poder de BRTV, se calcula que, del 100 % de agua lluvia que recibe la cuenca, se almacena sólo el 29.2 %. Este resultado está fuertemente influenciado, dice, por la eliminación de cafetales y la aceleración en la urbanización de Nuevo Cuscatlán.
¿Cuándo volverá la sed?
Nayib Bukele entrega el cargo a Michelle Sol como alcaldesa en funciones el 11/02/2015. Foto: cuenta oficial FB de Sol
En 2019, luego de un corte del abastecimiento de agua en buena parte de Nuevo Cuscatlán, que duró casi un mes, el agua empezó a ser racionada.
El antropólogo Julio Gutiérrez asegura que un concejal de la alcaldía en aquel momento le dijo de manera anónima que la bomba del pozo San Emilio había seguido operando en seco, sin recibir líquido, y por eso había fallado. “El acuífero se está quedando sin agua, y ahí fue que la bomba trabajó cuando estaba en seco e hizo un corto circuito”, enfatizó el exconcejal, según se recoge en el artículo académico de Gutiérrez. “Parece que han insertado más tubos para llegar hasta el acuífero. Tienen que ir más profundo para que esto no pase de nuevo. Pero esto va a pasar otra vez en unos años, porque el acuífero va para abajo”.
Tres años más tarde, el Juzgado Ambiental de San Salvador, en resolución con fecha 27 de junio de 2022, en poder de BRTV, concluyó que existía “la amenaza o inminencia de un daño al medio ambiente” por considerar un hecho verificado que en Nuevo Cuscatlán existen pozos “que son administrados por la Municipalidad de Nuevo Cuscatlán, AKUA-IPSFA y otros que son privados de los cuales se desconoce si cuentan con las autorizaciones para el aprovechamiento del recurso hídrico”.
Por otro lado, el juzgado manifestó que la “municipalidad de Nuevo Cuscatlán está otorgando factibilidades a proyectos sin contar con un estudio hidrológico de las subcuencas principales” que abastecen a la localidad.
Según Gutiérrez, el exconcejal le dijo que, en su etapa como alcalde, Nayib Bukele trataba los temas relativos a agua y desarrollo urbano “a puerta cerrada con su grupo más cercano”: Michelle Sol; Daniel Alejandro Álvarez, entonces gerente de Planificación y Desarrollo Urbano y hoy presidente de CEL; y Carolina Recinos, entonces asesora del alcalde y actual jefa de Gabinete del presidente. “Ellos tenían sus proyectos y llegaban a las reuniones de concejo solo a que la gente firmara, sin ninguna deliberación”, dijo el exconcejal.
En el informe de seguimiento de la Corte de Cuentas sobre la gestión ambiental en Nuevo Cuscatlán se lee que el cuarto regidor propietario durante la gestión de Michelle Sol, de 2015 a 2018, expresó: “Aunque nosotros como concejales de oposición tocábamos los temas medioambientales, estos no eran incluidos en los puntos de acta y nosotros lo que hicimos fue solo salvar nuestro voto, votando no en casi todos los puntos que nos presentaron”.
Ahora Michelle Sol quiere volver a gobernar Nuevo Cuscatlán. La ministra, persona de confianza del presidente Bukele y esposa de Ernesto Castro, presidente de la Asamblea legislativa por Nuevas Ideas, ha lanzado su campaña para las elecciones del 3 de marzo de 2024, por la alcaldía de La Libertad Este, que unificará cinco municipios: Nuevo Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, Huizúcar, San José Villanueva y Zaragoza.
En los últimos cuatro años, Nayib Bukele ha podido implementar a escala nacional las mismas ideas que ejecutó en Nuevo Cuscatlán. El 10 de junio de 2019, en la inauguración del sexto hangar en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, en una de sus primeras apariciones públicas tras jurar el cargo, Bukele ordenó a su gabinete acelerar la aprobación de permisos de construcción:
“He instruido al ministro de Medio Ambiente que en cien días quiero todos esos permisos ambientales firmados y autorizados, para que esos miles de millones de dólares entren a la economía salvadoreña”, dijo Bukele. Hacía solo una semana y media que había tomado posesión como presidente de la República.