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El Foro del Agua de El Salvador entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el 2° Informe sobre el cumplimiento de los Derechos humanos al agua y al saneamiento en El Salvador.
Dicho informe forma parte del proceso de seguimiento a las recomendaciones que el organismo internacional realizó al Estado salvadoreño, en su informe país 2021.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el año 2019, hizo su visita in loco a El Salvador, en la cual se reunió con distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Foro del Agua, para conocer y documentar la situación de Derechos Humanos en el país.
Como resultado de aquella visita, la CIDH hizo 50 recomendaciones o sugerencias al Estado salvadoreño.
El primer informe del Foro del Agua para la CIDH fue enviado en 2022, como parte del proceso de observación y seguimiento de las recomendaciones en materia de derecho humano al agua y al medio ambiente sano.
El segundo informe fue entregado el pasado mes de septiembre de 2023, en el cual se reflejan distintas vulneraciones del Estado salvadoreño al derecho humano al agua y saneamiento, según el Foro del Agua.
Como parte del proceso para la elaboración del segundo informe para la CIDH, el Foro del Agua solicitó información pública al Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto a las medidas para la ratificación del Acuerdo de Escazú y a ANDA, en cuanto al proyecto de la Planta Potabilizadora del Lago de Ilopango. Las solicitudes fueron admitidas, pero no fueron resueltas.
“Estas solicitudes tenían el objetivo de acceder a información pública que, debido a la política de opacidad del actual Gobierno, es difícil o nulo acceso, puesto que no están publicados en los portales web”, señala el Foro del Agua.
Y agrega que, si bien es cierto, El Salvador ha presentado avances en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones hechas por la CIDH en cuanto al Derecho humano al agua y al Medio Ambiente sano, así como en la situación de los defensores de derechos humanos, estos avances son mínimos y, encima, van aparejados con acciones del Estado contra dichos derechos.
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