Comunidades denuncian expropiación de tierras y persecución tras desalojos ordenados por el Gobierno

La expropiación de tierras de comunidades campesinas e indígenas para proyectos municipales o del gobierno central están afectando a varias familias en diversas zonas del país. Esta estrategia afecta varios derechos, entre ellos, las garantías de acceso a la propiedad de las comunidades asentadas en los territorios, alimentación y vivienda.

Ante este panorama, el Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático y Corporaciones, MOVIAC, denunció estas acciones que, disfrazadas de políticas públicas, son más bien estrategias para desintegrar y generar miedo en las comunidades, tal y como lo manifiesta José Santos Guevara, coordinador del MOVIAC.

De acuerdo al MOVIAC, estas violaciones a derechos de las comunidades se han profundizado con el actual Régimen de Excepción. De hecho, Rosa Elba Tobías de la comunidad el Guajoyo en Tecoluca, San Vicente denunció la captura del familiar de una de las lideresas que ha defendido sus territorios tras las amenazas de desalojo en contra de 187 familias por parte del Juez Segundo de Paz de esa zona.

Luis Rivera de la comunidad El Triunfo en Santa Tecla, La Libertad, también denuncia la amenaza de desalojo de 293 familias en esa zona. Señala que incluso han presentado un aviso ante la Fiscalía General de la República para evitar que se violentan los derechos de los habitantes de la comunidad.

La aplicación de la ley de expropiación también profundiza las condiciones de las comunidades campesinas e indígenas negándoles el derecho a la tierra. Esta violación al derecho a la tierra es histórica, en El Salvador ningún pueblo ancestral tiene bajo su gobernanza y normativas propias, tierras colectivas.