Comunidades del norte de San Miguel y Usulután resisten a proyectos energéticos que amenazan su vida

Los proyectos energéticos, como represas o generadoras hidroeléctricas, suelen ser presentados como obras de desarrollo. Sin embargo, para muchas comunidades rurales, estos proyectos traen más impactos que beneficios.

Las comunidades de los cantones La Ceibita (distrito de Carolina), Soledad Terrero (distrito de San Antonio del Mosco) y La Orilla (distrito de San Luis La Reina) en el norte del departamento de San Miguel han enfrentado graves afectaciones debido a la construcción de la represa El Chaparral, rebautizada ahora como "Presa 3 de febrero" situada en el curso del río Torola, un proyecto que inició su construcción en el 2008 en medio de escándalos por casos de corrupción. 

La presa hidroeléctrica El Chaparral comenzó a inyectar energía a la red eléctrica desde 2023, 15 años después, pero desde sus inicios hasta la fecha ha generado impactos significativos en las comunidades cercanas.

Estos impactos van desde diferentes aristas: 

Impactos socioambientales: 

• Falta de acceso a agua potable

• Pérdida de sistemas de agua potable por contaminación de pozos

• Pérdida de nacimientos de agua 

• Pérdida de viviendas por desalojos forzados

• La falta de transporte para los profesionales de la salud impide que se realicen controles médicos esenciales en las comunidades, lo que agudiza los problemas de salud pública en la zona

Impactos económicos: 

• Pérdida de tierras utilizadas para la producción agropecuaria

• Algunas familias se vieron obligadas a vender su ganado, cerdos y otros animales debido a la falta de espacio para mantenerlos.

• Aislamiento de comunidades completas por la interrupción de la conexión con el distrito municipal de Carolina, afectando la movilidad y los vínculos territoriales. 

• Aumento del tiempo de espera y costos en el traslado a través del servicio de lanchas. 

• Algunos propietarios de terrenos afectados perdieron parcelas con mayor valor económico debido a la falta de estas fuentes de agua. 

Impactos de Biofísicos: 

• Se estima que aproximado de 9.17 km2 de masa forestal han sido destruidos, lo que ha generado un aumento de la temperatura de la humedad relativa que ocasiona olas de calor en la zona.

Impactos en la Biodiversidad: 

• Se ha registrado la pérdida de árboles forestales, pero no ha sido posible determinar el número de especies afectadas. 

• Durante el llenado del embalse, se registró la muerte de mamíferos, reptiles, anfibios y polluelos de aves debido a la movilidad limitada de estos animales.

• Estos impactos constituyen graves violaciones a derechos de las comunidades como derecho humano al agua, a la seguridad alimentaria, derechos a la salud, a un un ambiente sano, al acceso a la información pública. 

  
  

Amenaza de proyecto energético en río San Simón 

La información es parte de los resultados del estudio “Impactos Socioambientales y  afectación en los Derechos de acceso al agua y una vida digna por las represas en la zona norte de San Miguel y Usulután” realizado por las organizaciones ACUA, NIMD y Christian AID, que fue socializado  a más de 130 personas de distintas comunidades de Usulután y San Miguel y que responde a una preocupación real, ante la amenaza de construcción de una generadora de energía, y posiblemente, una presa hidroeléctrica en la subcuenca del río San Simón.

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La presentación del estudio advierte a comunidades de Berlín, Lolotique, Nueva Guadalupe, Mercedes Umaña, Nueva Granada, sobre las afectaciones de este tipo de proyectos y la necesidad de fortalecer las capacidades de los actores locales para defender su territorio. 

Alma Orellana, representante de la Mesa Territorial de la Zona Norte de Usulután y San Miguel, expresó su preocupación por el impacto que tendría la instalación de un nuevo proyecto energético en esa región:

“La subcuenca del río San Simón, una de las principales afluentes del río Lempa, está siendo amenazada. Nos preocupa que el gobierno haya concesionado por 50 años a una empresa para instalar una generadora de energía en esta zona”, advirtió.

Según Orellana, este tipo de proyectos ponen en riesgo el equilibrio ambiental y el acceso al agua de las comunidades circundantes.

“La generadora de energía va a entubar el agua del río por un tramo de más de 8 kilómetros. Va a ir a través de un tubo hacia unas turbinas para generar energía. ¿Por qué nos preocupa? Bueno, nos preocupa porque primero estamos hablando del agua de la gente, del agua de las comunidades.Y también estamos hablando de cómo se van a afectar todas las otras formas de vida en esto”.

Ramón Bonilla del Grupo de Acción Territorial del Departamento de Usulután también externa su preocupación sobre todo por la afectación las asociaciones de regantes: 

“Sabemos que el río San Simón es una de las fuentes más importantes que tenemos en el norte de Usulután, y que ahora se ve amenazada con la construcción de una presa hidroeléctrica. Sabemos que el impacto va a ser negativo, va a afectar a los regantes, a las asociaciones de regantes, porque obviamente la retención del agua genera problemas de acceso al agua. Ahorita en la mesa del foro del agua de la zona norte, estamos tratando de articular para poder incidir y frenar de alguna manera la construcción de estos proyectos, que al final los afectados es la gente más vulnerable, más pobre de nuestras comunidades”. 

Otra de las preocupaciones es que muchas de las familias desconocen sobre esta amenaza que cierne sobre sus comunidades, Leticia Chicas también de la Mesa Territorial de la zona norte de Usulután y San Miguel y parte del Equipo de Medio Ambiente de la zona de Alegría señala que hicieron un recorrido en la zona donde planea la construcción e identificaron esta situación:  

“Fuimos a hacer un recorrido porque oímos que iban a poner una presa ahí, donde iban a desviar lo que es el río. Bueno, ahí las personas no sabían. Hicimos preguntas, hay personas que no saben qué es lo que van a poner, porque no nos han reunido, no les han dicho de qué se trata. Entonces, la preocupación de nosotros es porque más abajo hay personas que de ahí corre el agua y les llega, ellos reciben el agua, hay personas que llegan ahí a lavar”.  

Las comunidades y organizaciones implicadas en el caso saben que la organización comunitaria será vital para hacer frente a esta amenaza para todo el ecosistema cercano al río y para defender sus derechos fundamentales como el acceso al agua, la salud y la tierra. 

“Un llamado, precisamente, la lucha por el agua es una lucha por la vida. Hacemos una invitación a sumarse a la Mesa Territorial de la Zona Norte de Zulután y San Miguel, que en este espacio es donde convergemos organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres, jóvenes, organizaciones ambientalistas, que tenemos un compromiso personal, pero también colectivo, de defender el territorio. Les invitamos a participar en estos espacios organizativos para concientizar, para movilizarnos, para defender la vida, porque el agua y el territorio no están en venta” concluye Alma Orellana. 

Precisamente, el estudio señala como recomendaciones, el fortalecer las estructuras organizativas existentes en las comunidades como ADESCOS y Juntas de Agua para garantizar la defensa de los derechos humanos que podrían ser vulnerados y fomentar el trabajo colectivo.

Además, es necesario elevar la voz de las comunidades afectadas a nivel nacional e internacional para sensibilizar sobre los problemas y vulneraciones que enfrentan, destacando los impactos negativos de este tipo de proyectos en las poblaciones más vulnerables.

Compartimos algunas de las entrevistas desarrolladas para esta redacción: