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Por: Henry Barillas e Imelda Jacobo, de BRTV.
La Asamblea Legislativa derogó parcialmente, la noche del miércoles 1 de noviembre, dos polémicas reformas aprobadas en abril de 2022 que fueron consideradas como una "reforma mordaza" por el gremio periodístico.
Derogaron el inciso segundo del artículo 345-C del Código Penal, con el que se despenaliza la difusión de mensajes generados por las pandillas a través de medios de comunicación, un inciso que establecía penas de entre 10 y 15 años de cárcel.
Sin embargo, dejaron vigente el inciso primero que indica dichas penas de prisión para quien participe en la elaboración de "cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las diferentes agrupaciones" y "en especial las que tengan como finalidad aludir al control territorial de dichos grupos o a transmitir amenazas a la población en general".
La Asamblea Legislativa también reformó la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal para despenalizar la difusión de mensajes creados por pandillas en medios de comunicación.
Sin embargo, la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, manifestó a través de un comunicado que las revisión de las “reformas mordaza” confirman que el Estado salvadoreño vulneró el derecho a la libertad de prensa y expresión en El Salvador.
Además, APES señala que dichas reformas nunca debieron ser aprobadas, ya que entre los efectos más graves de dicha medida se han registrado al menos 76 casos vinculados directamente a las reformas mordaza, la movilidad de al menos 15 periodistas (dos de ellos en exilio permanente) entre 2022 y 2023, por temor a repercusiones legales, y 1 periodista encarcelado.
Además, APES advierte que entre los efectos irreversibles de las reformas se encuentran: la narrativa permanente de estigmatización en contra de periodistas y medios de comunicación no afines al oficialismo, cesura de coberturas sobre hechos de violencia, principalmente censura a medios locales y comunitarios; además, un aumento de abuso de poder por parte de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.
APES hace “un llamado a los cuerpos diplomáticos y organismos de cooperación internacional a tener un diálogo coherente con la defensa de derechos humanos y no avalar con respaldos políticos y financieros a gobiernos autocráticos que van rumbo a la instalación de una dictadura en la región”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, señala que la derogación de las "reformas mordaza" debería complementarse con otras medidas que contribuyan a fortalecer el espacio cívico, generando un entorno seguro y propicio para la labor de las y los defensores de derechos humanos y periodistas.
Periodistas y comunicadores siguen siendo agredidos por el régimen de Bukele en El Salvador
De enero a septiembre de 2023, la Asociación de Periodista de El Salvador, APES, registró 270 agresiones contra periodistas y personas comunicadoras, por ejercer su trabajo profesional de informar.
Del total de las agresiones, 9 casos son por despidos injustificados, 11 por retenciones arbitrarias, 17 por intimidación, 19 por calumnias, 22 por restricción del ejercicio periodístico, 36 por acoso digital y 81 casos por declaraciones estigmatizantes.
La lista de víctimas la encabezan los periodistas, con 153 casos, le siguen los medios de comunicación con 61 agresiones, luego los miembros o socios de las APES con 27 casos, 12 fotoperiodistas, 5 reporteros, 4 comunicadores, 3 personas trabajadoras de la información, 3 camarógrafos, un docente de periodismo y un estudiante.
Según el tipo de víctimas identificadas, se han contabilizado 96 hombres, 75 mujeres y 3 personas de la comunidad LGBTIQ+.
Debido a la situación hostil y de amenazas en contra del periodismo independiente por parte de funcionarios del gobierno y del congreso salvadoreño, algunos periodistas se han visto obligados a salir del país. Son 11 salieron de manera forzada en 2022, 4 en el 2023 y dos más que están en proceso. También, hay 2 casos de desplazamiento forzado interno.
La APES dio a conocer estas cifras durante un conversatorio sobre libertad de prensa, en el marco del Foro Centroamericano de Periodistas FOROCAP 2023, organizado por el periódico digital El Faro, la última semana de octubre en la ciudad de Antigua Guatemala. Dicho conversatorio contó con socios de la APES y periodistas de México, Guatemala y El Salvador.
En este marco, se abordó el caso de Víctor Barahona, periodista comunitario que pasó 11 meses en un centro penal. Víctor fue detenido y apresado de manera arbitraria, luego de entrevistar a un comerciante que realizaba una protesta. Para justificar su detención, le fue aplicado el cargo de asociaciones ilícitas, perdiendo las garantías constitucionales de defensa por el régimen de excepción, que lleva más de un año y medio ejecutándose en el país.
Además, la presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, hizo énfasis en que, si bien, las víctimas mujeres son menos que los hombres, las mujeres son agredidas de manera desproporcional, en el sentido que, “es muy difícil que a un hombre le amenacen con que lo van a violar, son las mujeres periodistas y en general las mujeres, las que reciben este tipo de amenazas constantemente, pueden existir casos de hombres, pero en mucho menor proporción”, dijo Cárcamo.
La APES hizo el llamado a todos los periodistas y personas comunicadoras para que reporten cualquier tipo de agresión, para registrarlas y darles el debido acompañamiento, ya sea legal o, si es necesario, aplicar el protocolo de movilización dentro o fuera del país, para asegurar la vida y la integridad del periodista.